¡SOLIDARIDAD! ¡SOLIDARIDAD! ¡SOLIDARIDAD!
La tormenta tiene causas naturales, la
catástrofe no
Las personas y organizaciones abajo
firmantes queremos hacer llegar nuestra palabra de aliento y nuestro compromiso
solidario en estas horas de dolor y de bronca para nuestro pueblo.
Las recientes inundaciones son
acontecimientos de una gravedad tal que han afectado a cientos de miles de
familias, imposibilitándolas de dominar la situación con sus propias fuerzas y
recursos, causándoles daños irreparables a la vida, y que comprometen sus
posibilidades de supervivencia.
Esto constituye una catástrofe, y
afirmamos que toda catástrofe es social. Por ello, implica un desafío que no
podemos ignorar, mucho menos al comprobar la extraordinaria reacción solidaria
de nuestro pueblo.
Intentando afrontar ese desafío desde el
primer momento, con nuestras propias capacidades y recursos, hemos podido
constatar la ausencia del Estado en todos sus niveles, su inadecuada capacidad
de respuesta, y el abandono de sus obligaciones esenciales. La reacción masiva y solidaria de los
trabajadores, de sus organizaciones, así como de una inmensa red de
organizaciones populares de todo tipo, es el único dato alentador en este
trance, y pone de manifiesto de un modo dramático, la necesidad de que el
estado en todos sus niveles asuma sus responsabilidades.
La solidaridad popular puede organizarse,
como se demuestra día a día, pero jamás podrá reemplazar al estado. La indefensión social de los miles de
afectados no puede esperar. Necesidades elementales e impostergables, como alimentos,
agua potable y refugio, debe ser provista por el estado, y debe hacerse de un
modo inmediato. Y las soluciones de
fondo, que requieren la articulación de toda la sociedad, también deben ser
conducidas por el estado.
Solidarizarse es comprometerse con los
derechos de las víctimas
Estamos hablando de derechos humanos. Nuestro primer compromiso es con los derechos humanos,
individuales y colectivos, de las víctimas.
Pero si de derechos se trata, lo primero que debe quedar claro es que a
los ciudadanos nos corresponde organizarnos y defender nuestros derechos,
dentro del marco legal, pero es el Estado el responsable de garantizar los
derechos de todos los habitantes, sin distinción.
Desde esa convicción, queremos compartir
algunas reflexiones sobre las causas de lo ocurrido, e invitar a todos a pensar
en las cosas que, en conjunto, tenemos que hacer para que las futuras
tormentas, que inexorablemente vendrán, no se conviertan en nuevas catástrofes.
El modelo no es inocente
Un modelo de “desarrollo” basado en la
apropiación del territorio, expulsa a las poblaciones y las desplaza hacia las
concentraciones urbanas. Así, el esquema
de agronegocios extiende sin límites la superficie cultivada de soja, avanzando
sobre las comunidades, los campesinos y los pueblos originarios, destruyendo
los bosques naturales y degradando los suelos. Un modelo minero de grandes
explotaciones que destruye montañas enteras junto con su ecosistema, un modelo
energético extractivista que, además de agotar las reservas de hidrocarburos,
ahora también pretende experimentar con tecnologías altamente contaminantes de
suelos y napas (fracking), y un modelo industrial basado en sectores como el
automotriz, con sus vinculaciones con el consumo de combustibles y con el
desarrollo de carreteras para el transporte de personas y mercancías, terminó
alterando el régimen de lluvias del litoral bonaerense. A esto se refieren los “expertos” cuando
hablan de fenómenos que son inusuales (en relación con el pasado) pero que “han
venido para quedarse”.
Un modelo de desarrollo urbano
“planificado” desde la especulación inmobiliaria, con escasa regulación y
control estatal, que prioriza la construcción en altura sobre los espacios
verdes, los barrios privados construidos sobre humedales, los mega-centros
comerciales, el asfalto urbano y el trazado de rutas, terminó saturando los
desagües, reduciendo las superficies de absorción del agua y, en definitiva,
aumentando la posibilidad de graves desastres ambientales con motivo de las
lluvias. Como botón de muestra de los efectos de este tipo de desarrollo
urbano, señalamos que semejantes cantidades de m3 de lluvia se precipitaron en
localidades como Bragado o Junín, y el impacto no fue el mismo que en
concentraciones urbanas como Buenos Aires o La Plata.
Invitamos a toda la sociedad a reflexionar
sobre la necesidad de un cambio en los modelos económico y de desarrollo urbano
que han conducido a esta situación, no como un contrapunto ideológico, sino
como una necesidad vinculada con los desastres naturales y sus consecuencias: la
destrucción de la naturaleza ha traspasado todos los límites tolerables y es
necesario cambiar el rumbo. Se
necesita otro modelo económico, y otro modelo de desarrollo urbano, que sean
compatibles con los derechos de la naturaleza y de las presentes y futuras
generaciones.
Las administraciones Nacional, de la
Provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad
de La Plata no han puesto límites a estos modelos. Por el contrario, los han promovido dentro de
sus respectivas atribuciones. Prueba de
ello son el dictado de normas como la reforma del código de planificación
urbana de la ciudad de La Plata, del año 2010, el paquete de leyes aprobadas
por la legislatura porteña en noviembre de 2012, con el apoyo mancomunado de
los bloques legislativos que apoyan al gobierno de la Ciudad y al gobierno
nacional, el hecho de que este último no aplique la Ley de Glaciares, el
desfinanciamiento de la Ley de Bosques, el impulso dado a la megaminería, a
hidrocarburos no convencionales, y a la instalación de plantas productoras de
semillas por la multinacional Monsanto, entre otros muchos ejemplos.
Falta de prevención
La planificación y ejecución de planes
integrales de infraestructura hidráulica, aun cuando no sean capaces de
revertir las consecuencias de un modelo perverso, constituyen la principal
herramienta de prevención, y su responsabilidad indelegable es del estado. Denunciamos la falsedad de los argumentos en
el sentido de que “todo lo que se hace es poco”, cuando los presupuestos de las
jurisdicciones afectadas demuestran que no se están ejecutando todas las
partidas previstas en este tipo de obra.
Es deber irrenunciable de las
administraciones planificar y regular la prevención de los efectos que ese
modelo inevitablemente produce. Las
trágicas consecuencias de los últimos eventos, con 53 muertos en la Provincia
de Buenos Aires y 6 en la Ciudad de Buenos Aires, según datos conocidos hasta
el viernes pasado, demuestran que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, ni el de la Ciudad de Buenos Aires, cuentan con
planes de contingencia frente a fenómenos que son previsibles. No hubo sistemas de alerta temprana, ni
centros de evacuación, ni personal entrenado y capacitado, ni difusión de
información a la población sobre qué hacer en estos casos. En el caso de la
ciudad de La Plata, ya desde 2007 existen informes elaborados por la UNLP que
advertían sobre este problema, puesto que no se habían ejecutado las obras
necesarias.
Todo ello ocurre, además, en el contexto
global del fenómeno del cambio climático, que lejos de exculpar a las
autoridades, acentúa sus responsabilidades atento a que estos hechos ya no
pueden considerarse imprevisibles.
Invitamos a todas las fuerzas políticas y
organizaciones populares a fomentar el más amplio debate social en la materia,
tendiente a obtener respuestas institucionales, legislativas y ejecutivas, que
apunten a resolver estas cuestiones.
Sistemas de reparación inadecuados, insuficientes o inexistentes
La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley, la
1575, que crea un fondo de emergencia para subsidios por inundaciones. La Nación no tiene legislación en este
sentido, y tampoco la tiene la Provincia de Buenos Aires. En este último caso, promesas públicas
efectuadas, en relación con subsidios a las personas, no cuentan hasta el
momento de redactar esta declaración con ninguna base normativa.
Resultan inaceptables, en este sentido, las
líneas de crédito “blandas” que colocan a las víctimas como sujetos de créditos
bancarios, en condiciones comerciales, cuando no están en condiciones de
satisfacer sus necesidades más elementales.
El dictado de normas para reparar
adecuadamente las consecuencias de las inundaciones, resulta indispensable,
pero además, debe convertirse en una oportunidad para que se legisle
contemplando una problemática que, si bien involucra a las tres jurisdicciones,
y a los municipios afectados, debe abordarse de un modo integral: los problemas
del área metropolitana requieren abordajes y soluciones a cargo de autoridades
metropolitanas. Las diferencias de signo
político de las administraciones no pueden estar por encima de las necesidades
de los habitantes.
La única norma vigente, ya mencionada,
resulta insuficiente en cuanto al monto asignado, que debería aumentarse
sustancialmente. Además, la experiencia en su implementación muestra notorios
incumplimientos, habida cuenta que aún no se han pagado totalmente los
subsidios tramitados con motivo de los desastres de 2010.
Por otra parte, está basada en la lógica
del reclamo individual del damnificado y en el concepto de subsidio, en lugar
del de reparación integral.
Entendemos que tratándose de una catástrofe de las dimensiones del caso,
la norma tendiente a reparar los daños no puede basarse en la sumatoria de los
reclamos individuales, sino en una actividad organizada por el estado, de
relevamiento censal de los hogares afectados, de estimación financiera de
daños, y de provisión gratuita de toda otra asistencia médica, social, jurídica,
psicológica y laboral necesaria. Con
estas definiciones, rechazamos la idea de que las cantidades asignadas a cada
solicitante puedan tener un techo fijado de antemano. Si el sistema se basa en la reparación
integral, no puede tener un límite con carácter previo a la valoración de las
pérdidas.
Asimismo, resulta indispensable eximir del
pago de impuestos a las familias y a las pequeñas y medianas empresas
afectadas, al menos por el corriente ejercicio.
Creemos que el esfuerzo en la emergencia
no puede depender de la inmensa vocación solidaria del pueblo argentino,
demostrada con creces en estos días. Al
Estado le corresponde coordinar el esfuerzo social, empezando por volcar al
mismo una parte importante de la administración, pero también exigir el apoyo
de las grandes firmas locales y trasnacionales que operan en el país,
principales beneficiarias del modelo responsable de esta situación, en todo
cuanto de su producción pueda aportar en la emergencia: logística, agua potable
envasada, alimentos no perecederos, vestido, calzado, etc.
En el
caso particular del estado nacional, que cuenta con recursos financieros
propios superiores, y con capacidad de endeudamiento con el Banco Central y con
la ANSeS, que no son accesibles para las restantes jurisdicciones, su
responsabilidad en el aporte financiero para la emergencia es primaria, y exige
la creación urgente de un fondo que resulte suficiente para la reparación
integral de los daños sufridos por la población.
Reclamamos a los poderes ejecutivos instrumentar
medidas en este sentido, y al parlamento nacional, a las legislaturas de la
Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, a que sesionen de
forma inmediata para dictar las normas que correspondan para facilitar el
esfuerzo social que se requiere.
No admitimos como argumento para no avanzar
la supuesta inexistencia de recursos presupuestarios, cuando se sigue pagando
religiosamente el capital y los intereses de una deuda que no ha sido contraída
por el pueblo argentino y jamás ha sido auditada en cuanto a su legitimidad, a
pesar de que el sentido común y sentencias judiciales, así lo ordenan.
Convocamos a todas las organizaciones de
trabajadores, estudiantiles, de derechos humanos, partidos políticos,
intelectuales, a debatir abiertamente estas ideas, a proponer otras que busquen
los mismos objetivos, y a comprometernos todos juntos para que se concreten.
Por todo lo expuesto, las organizaciones
firmantes, que estamos trabajando en la emergencia desde el primer momento, nos
convocamos, y convocamos a todos quienes quieran sumarse a este esfuerzo, a
funcionar en forma de asamblea permanente para la coordinación y organización
de la lucha por la restitución de los derechos humanos vulnerados frente a esta
emergencia, exigiendo que el Estado, en todos sus niveles, se haga cargo de sus
responsabilidades sin mas excusas ni dilaciones.
Proponemos, para ello, desplegar
actividades en tres planos:
a)
Poner a disposición de
los hogares afectados por esta catástrofe la implantación territorial de nuestras
organizaciones, para asistirlos en la articulación de todas las iniciativas,
reclamos, presentaciones individuales o colectivas, denuncias, manifestaciones,
medidas de lucha, y toda otra forma de exteriorización pública y organizada de
la demanda a las autoridades de cada jurisdicción.
b)
Poner a disposición de
este objetivo toda la inserción institucional de nuestras organizaciones, en
particular las representaciones en ámbitos legislativos nacionales,
provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales, para trabajar
coordinadamente, exigir el funcionamiento a pleno de esos ámbitos y el
tratamiento urgente de las iniciativas tendientes a dar solución a esta
emergencia y a abordar los temas de fondo.
c)
Seguir poniendo todos
nuestros esfuerzos en las acciones de solidaridad popular, incrementando los
niveles de coordinación entre todas nuestras organizaciones, en áreas tales
como donación y reparto de bienes, asistencia jurídica, asistencia psicológica,
etc., para lo cual ponemos a disposición de todos un listado de puntos de
concentración de las diferentes tareas, en diferentes puntos geográficos.
ADHIERE:
GRUPO AMAUTA TEATRISTAS DE SAN PEDRO
